Más de la mitad de las 306 quejas que los albaceteños presentaron el pasado año a la oficina de Enrique Múgica tenían que ver con los impuestos.

Cinco años más. El albaceteño Manuel Aguilar renovó, el pasado 7 de junio, su elección como adjunto segundo al Defensor del Pueblo. Por delante, tiene un mandato de cinco años, junto a Enrique Múgica, dedicado, sobre todo, a atender las quejas de los españoles sobre políticas sociales. Dice que esta responsabilidad, que ejerce desde junio del año 2000, le llena lo suficiente como para no pensar volver a la política activa.

-Satisfecho por haber sido reelegido de forma unánime, ¿no?

-Esa unanimidad supone un cierto reconocimiento de todos los grupos parlamentarios al trabajo que hemos realizamos los adjuntos en estos cinco años.

-Ahora, tiene otros cinco años más por delante, como adjunto a Enrique Múgica, también reelegido Defensor del Pueblo. ¿Cómo es Múgica a la hora de trabajar con él?

-Enrique Múgica está pletórico, imagino que este año también visitará la Feria de Albacete. Se encuentra muy bien física, e intelectualmente, con ganas otra vez de funcionar.

-¿Es muy exigente?

La verdad es que formamos un equipo muy compenetrado, la adjunta primera, María Luisa Vaca de Llanos, lleva más las áreas de tipo jurídico, como puedan ser justicia, interior, inmigración y administración económica; mientras que yo llevo más las de tipo social. Múgica supervisa la tarea realizada por nosotros. Yo, estoy contento porque continúo llevando las áreas de política social, educación, sanidad, vivienda, cultura, que es lo que, de alguna manera, es mi vocación.

-En 2004, el Defensor del Pueblo recibió 306 quejas de la provincia de Albacete ¿son muchas o, por el contrario, los albaceteños recurren poco a esta institución?

-Creo que están en la media y que son representativas de la población que tiene la provincia y la comunidad autónoma. Aunque se produjo un aumento grandísimo con respecto a 2003, año en el que se registraron 62 quejas de Albacete. En el ámbito de la comunidad, las quejas casi se triplicaron, al pasar de 460 a 1.374. Este aumento tiene que ver con que este año ha habido más quejas colectivas, como el problema que plantearon los psicólogos porque no eran admitidos como profesión sanitaria y pidieron al Defensor que interviniera ante los ministerios de Sanidad y de Administraciones Públicas.

-¿Los españoles suelen recurrir mucho al Defensor del Pueblo?

-Sí recurren bastante, pero también es cierto que algunos con cierto nivel de desorientación, de ahí que nos estemos planteando iniciar algún tipo de campaña de divulgación sobre cuáles son las competencias del Defensor. A veces, nos vienen quejas que ya están sub iudice, es decir, que ya han presentado una denuncia en los tribunales, por lo que no podemos entrar en estos asuntos y, por esta causa, tenemos que desestimar bastantes. También, nos plantean conflictos entre particulares, en los que no podemos intervenir porque para eso están los tribunales de Justicia. Nosotros sólo admitimos aquellas que hacen referencia a conflictos, atropellos o menoscabo de derechos por parte de las administraciones públicas, ya sea autonómica, local o estatal.

-Tengo entendido que el número de quejas que se desestiman por no ser competencia del Defensor ronda el 60%.

-No sólo es porque no sea competencia del Defensor, sino también porque a veces llegan quejas infundadas y no en todos los casos se interviene. Supongamos un pensionista se queja porque después de 17 años de cotización, considera que le deberían haber concedido una pensión mayor. En estos casos, si vemos que le han concedido la pensión que le corresponde, pues no le tramitamos la queja y le contestamos diciéndole que, aunque posiblemente sea injusta la pensión que le han dado, es legal y se ajusta a lo estipulado. Pero aún así, el año pasado, tuvimos 29.000 quejas, y lo habitual es que cada año tengamos entre 11.000 y 13.000 quejas individuales admitidas. Estas cifras son también indicativas de que son muchos los españoles que recurren al Defensor del Pueblo, teniendo en cuenta además que en España ya hay once comisionados autonómicos.

-¿Qué tal es la relación con los defensores del pueblo autonómicos?

-Muy buenas, tenemos todos los años unas jornadas de coordinación, que este año se harán en octubre, en Alicante, para ponernos de acuerdo e intentar no marear demasiado al ciudadano.

-Analizando las quejas que han llegado al Defensor desde Albacete, ¿qué temas son los que más preocupan?

-Un buen número, más de 180, tienen que ver con tributos del Estado, quejas sobre el IRPF, de ciudadanos que creen que es injusto. También hay quejas de Albacete sobre propiedad intelectual, sobre cultura hemos recibido 21, unas diez sobre inmigración, otras ocho de personal laboral contratado por las administraciones, el mismo número que de quejas relativas a especialidades médicas. En menor número, pero también han llegado quejas relativas a libertad de expresión, sobre educación universitaria y algunas reclamaciones sobre cuestiones electorales, asuntos de defensa, justicia, ordenación territorial, vivienda y medio ambiente.

-Las quejas que llegan al Defensor del Pueblo son un buen observatorio para medir qué asuntos preocupan más a los españoles.

-Pues sí, en estos momentos, por ejemplo, creo que entre las preocupaciones prioritarias están los sanitarias. Por eso hicimos un monográfico de listas de espera, que manifestó la situación inadmisible que había en casi todas las comunidades autónomas en listas de espera diagnósticas y quirúrgicas, dando lugar a bastantes quejas. También, cada vez tenemos más quejas relacionadas con la vivienda y el medio ambiente; y de educación, aunque más de educación universitaria que de primaria y secundaria. Luego, en el bloque más importante de quejas que recibimos, aparecen los asuntos de tributos, servicios públicos, transportes e inmigración.

-Respecto a las listas de espera, ¿ha tenido reflejo en las quejas recibidas de Castilla-La Mancha la Ley de Garantías?

-Sí, a raíz del estudio monográfico que hicimos dos comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, aprobó la Ley de Garantías para que pasado un determinado plazo, los pacientes pudieran recurrir a la medicina privada pasando los gastos a la administración. Eso ha hecho que desciendan las quejas por esta cuestión y, creo que en este ámbito, Castilla-La Mancha ha sido pionera. En este sentido, puedo decir que recibimos a veces la satisfacción de que nuestro trabajo es útil para corregir las deficiencias que se van apreciando.

-Sobre esta cuestión, ¿es suficiente con ese poder supervisor que tiene el Defensor del Pueblo o sería necesario dotarle de un poder coercitivo para que fuese más eficaz?

-Tenemos la capacidad de emitir resoluciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales, pero son de obligado cumplimiento porque, para eso, están los tribunales. Pero sí que puedo decir que en torno a un 80% de nuestras recomendaciones son aceptadas por las administraciones.

-¿Es decir, que no caen en saco roto las sugerencias del Defensor, como se pudiera pensar?

-No, no caen en saco roto e, incluso, aquellas administraciones que no aceptan nuestras recomendaciones tienen la obligación de justificar porqué.

-¿Qué administración es más cumplidora, más obediente?

-La Administración central, las autonómicas y los grandes ayuntamientos, suelen cumplir más con las recomendaciones del Defensor. Los ayuntamientos de pueblos pequeños suelen incumplir más, quizás porque falta de una estructura funcionarial, porque desconocen la ley y que tienen la obligación de tener en cuenta las resoluciones y de facilitar la información que solicita el Defensor del Pueblo.

-¿Qué suelen hacer en estos casos?

-Aún cuando tenemos un mecanismo, como es el artículo 502 del Código Penal por el que pueden ser inhabilitados funcionarios y políticos por falta de colaboración con el Defensor del Pueblo, pues antes de agotar los requerimientos, nos dirigimos a la prensa local denunciando que tal o cual ayuntamiento no colabora. Suele ser más eficaz y, casi automáticamente, el alcalde o el secretario se pone en contacto con el Defensor del Pueblo excusándose. No obstante, ha habido algún caso en el que un comisionado autonómico ha enviado al Ministerio Fiscal la falta de colaboración de alguna autoridad.

-Hace unos días, el Ministerio de la Vivienda apuntaba a la provincia como la que más ha subido el precio de la vivienda en España, ¿existe preocupación en el Defensor del Pueblo por el problema del acceso a la vivienda?

-Albacete o Castilla-La Mancha, aún siendo la provincia y la región que más han subido, partían de una base mucho más baja, entonces está mucho más asequible para jóvenes y para los ciudadanos en general la vivienda en Castilla-La Mancha, que pueda estar en Madrid, en Barcelona o en San Sebastián. De lo que recibimos a veces quejas es de falta de vivienda social, de utilización de parcelas que estaban destinadas a vivienda protegida que se usan para vivienda libre o de no transparencia en los concursos de adjudicación de vivienda protegida a los demandantes, en esa línea suelen ir las quejas.

-Otro asunto que se mereció un informe monográfico del Defensor fue el problema del ruido.

-Sí, detectamos que había muchas quejas de ruidos, bien producidos o tolerados por administraciones públicas en zonas de aeropuertos, obras públicas, autovías..., o bien ruidos ocasionados por particulares en las zonas de ocio. Eso nos llevó a refrescar la legislación que hay al respecto, que es una legislación avanzada, pero hubo que decirle a la administración que tiene que cumplir y hacer cumplir esa legislación. Hicimos un estudio monográfico, muy bien valorado por los expertos, y que ha tenido su reflejo en una mayor vigilancia por parte de ayuntamientos, sobre todo, que son generadores del ruido o permisivos con el ruido.

-¿Tiene el Defensor algún otro estudio monográfico en cartera?

-Sí, uno que ya está entregado aunque no se debatirá hasta septiembre. Es un informe relativo al daño cerebral, pues hemos detectado que cada vez hay más personas afectadas por esta lesión, y más jóvenes, como consecuencia de accidentes de tráfico. Lo que preocupa es que, una vez que pasan la fase aguda, de hospitalización, donde se les salva la vida, hay una carencia total de medios para su rehabilitación funcional, física, laboral. Los pocos centros que hay en España son carísimos, cuestan unos 6.000 euros al mes. Con este estudio, el Defensor del Pueblo quiere hacer una llamada de atención sobre el problema que está generando en España esta cuestión.

-Como adjunto al Defensor del Pueblo se ocupa de los asuntos sociales, algo a lo que siempre ha estado vinculado profesional y políticamente. ¿Algún tema le preocupa en espacial hoy por hoy?

-Pues relacionados con inmigración, sí que han surgido temas que nos preocupaban como su acceso a la educación y la masificación en determinados centros educativos de alumnos inmigrantes, con menoscabo de la calidad de la enseñanza. En este ámbito, también nos preocupa la aparición de violencia en las aulas, pues parece que ahora está saliendo la punta de un iceberg. En 1999, el Defensor hizo un estudio sobre la violencia escolar que diagnosticó que no teníamos problemas preocupantes, pero ahora se va a revisar este estudio en colaboración con la Universidad Autónoma y Unicef, para comprobar si los últimos casos que se han dado de suicidios por acoso escolar, son indicativos de una situación preocupante.

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31/07/05