Un coronel será juzgado por deslealtad, en Madrid, tras haber sido denunciado de supuesto «mobbing» por un comandante asturiano

Oviedo, E. V.

Tres años después de la primera denuncia por acoso laboral que interpuso un comandante asturiano, cuya identidad responde a las iniciales J. P., comienza el juicio en el Tribunal Militar Central de Madrid contra el coronel del Ejército L. G. A., su superior. Se trata de la primera denuncia de estas características que prospera en España, aunque, al estar en el ámbito militar, se juzgará al coronel por un delito de deslealtad en un contexto de «mobbing» o acoso laboral.

La fiscalía pide para el acusado un año y medio de prisión por un delito de deslealtad (mentir sobre un asunto del servicio), al haber denunciado al comandante asturiano J. P. por abandono de servicio, a pesar de que conocía que el militar se encontraba de baja médica autorizada.

El militar asturiano había denunciado anteriormente a L. G. A. por acoso laboral, convirtiéndolo en el primer militar denunciado por este tipo de delito. No obstante, esa causa fue archivada, aunque se encuentra pendiente de recurso.

En el caso de ser condenado, el coronel L. G. A. tendría que cumplir la condena porque al contrario que en la jurisdicción civil en la militar se ingresa en prisión con una pena mínima de tres meses y un día aunque no se tengan antecedentes penales. El juicio está previsto que dure hasta el próximo miércoles, debido a la gran cantidad de testigos que pasarán por el Juzgado. Muchos de ellos, compañeros del comandante asturiano que estuvieron o están destinados en el acuartelamiento de Cabo Noval (Siero).
El fiscal destaca que en julio de 2002 el coronel, entonces jefe del Regimiento de Infantería «Garellano» número 45 de Munguía, en Vizcaya, dio parte a los Juzgados de un delito de abandono de servicio (deserción) por parte de J. P., uno de los comandantes de su unidad. L. G. A. decía que el asturiano había obtenido una baja médica y que él había fijado su duración en un mes tras recibir un informe de un especialista. Añadía que el comandante, en contra de las normas, no había pedido la continuidad de la baja.
Sin embargo, el fiscal explica que el acusado sabía que el militar asturiano tenía un «padecimiento de naturaleza psíquica importante» y que un informe médico explicaba que debía permanecer de baja por un «tiempo indefinido». El coronel, en todos sus informe, ni siquiera mencionó esta información. Además, se negó a recoger todos los partes médicos que le eran enviados cada quince días. Ante estos hechos, el fiscal le acusa de falsear la realidad omitiendo, a sabiendas, datos que eran relevantes.
Unos meses antes de estos hechos, el comandante J. P. había denunciado por «mobbing» a su superior y a otros catorce militares más por colaborar con él. Esa denuncia fue archivada después de que declarara el propio acusado y restara importancia a muchos de los hechos. No obstante, está pendiente de recurso judicial y el representante legal de J. P. asegura que un buen resultado en este juicio podría suponer la reapertura del caso de acoso, el primero que se da en las Fuerzas Armadas.

El comandante acusó al coronel de limitar sus derechos, denegarle documentos y darle un trato vejatorio y ridiculizarlo. Además, aseguró que le impuso «un arbitrario arresto» durante cuatro días por un incidente con un teniente que le llevó a solicitar la baja médica. Cuando se reincorporó al trabajo, el coronel L. G. A. le acusó de haber causado baja de servicio y argumentó que siempre había actuado en todo momento buscando el bien de la unidad que dirigía.

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Octubre 2005

Mobbing ejército